Monseñor, hace algunos días se firmó un convenio de cooperación con la Fiscalía Nacional, ¿Cuál es el objetivo de este acuerdo?
A fines de la Asamblea Extraordinaria de Obispos que tuvimos en julio-agosto de 2018 dijimos que íbamos a intentar hacer un convenio de colaboración con la Fiscalía Nacional para poder canalizar los antecedentes que nosotros pudiésemos tener en relación a abusos de menores para que los organismos del Estado pudieran perseguir y sancionar adecuadamente estos delitos que son absolutamente repudiables. Desde esa fecha hicimos una comisión bilateral de trabajo y que llegó a término y hemos firmado este acuerdo con la Fiscalía Nacional que establece los términos de la colaboración mutua y mancomunadamente en la persecución de estos delitos.
En esa misma línea, ¿Cuál es la opinión de la Iglesia sobre el proyecto de ley que propone levantar el secreto de confesión?
Efectivamente, sabemos que en la Cámara de Diputados se ha estado discutiendo un proyecto de ley que obliga a toda persona que tiene algún grado de autoridad en un organismo que trabaje con niños y jóvenes a denunciar cuando tenga conocimiento de algún delito en esta línea de abuso sexual. En el Código Procesal Penal ya existe esta obligación que se aplica a ciertos ámbitos donde hay menores de edad como son los colegios, los centros hospitalarios, entre otros. Y nos parece bien que se pueda extender esta obligación, no obstante, tenemos un serio cuestionamiento en lo que se refiere a violar el sigilo de la confesión. El ordenamiento interno de la Iglesia establece que el sacramento de confesión es inviolable, para resguardar que la persona que se acerca a obtener el perdón de Dios se mantenga en reserva de su nombre. Tanto es así que, a veces, el mismo confesor no sabe, ni conoce a quien se está confesando. La legislación de la Iglesia impone la pena de excomunión automática al confesor que viole este secreto. Ésta es una normativa de la Iglesia universal y la ley de culto en Chile resguarda que todas las confesiones religiosas puedan estructurarse a partir de su ordenamiento jurídico interno y creemos que eso hay que resguardarlo